Un nuevo escenario jurídico que asegura la labor empresarial

LEY DE REESTRUCTURACIÓN MERCANTIL

Un nuevo escenario jurídico que asegura la labor empresarial

Este reglamento es un aporte a la continuidad de los negocios que se encuentre en un escenario de riesgo
A los fines de lograr la continuidad operativa de las empresas se dispone un nuevo código denominado Ley de Reestructuración Mercantil, como las mejores prácticas sugeridas en esta materia

En agosto de 2015 fue promulgada por el Poder Ejecutivo de la República Dominicana la Ley No. 141-15 sobre Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes, este documento fue hecho de conocimiento público en la Gaceta Oficial el 12 de agosto dicho año.

Esta legislación establece como objeto la protección de los acreedores “ante la dificultad financiera de sus deudores, que puedan impedir el cumplimiento de las obligaciones asumidas, y lograr la continuidad operativa de las empresas y personas físicas comerciantes”. De este objeto se desprenden dos finalidades esenciales: la primera, proteger al acreedor frente a la situación de insolvencia de su deudor; y en segundo lugar, apoyar al deudor a lograr la continuidad viable de la empresa, evitando el cierre definitivo de sus operaciones.

Entre los principios que rigen la estructura de la ley, se destacan: la celeridad en el desarrollo de los procesos, negociabilidad amistosa entre las partes con miras a lograr una solución efectiva para todos los involucrados en el proceso, transparencia y acceso a la información de manera oportuna, equitativa y comprobable y principio de universalidad, el cual implica que todos los bienes del deudor son afectados por el proceso, y sus correspondientes acreedores por igual, sin importar cuál de las partes ha sido la impulsora del proceso.

Los activos que componen la masa del deudor son los siguientes: bienes y derechos que sean propiedad del deudor a la fecha de la solicitud de reestructuración; bienes y derechos que sean adquiridos después de la solicitud de reestructuración, incluyendo los ingresos por ventas, rentas, intereses, entre otros; además de bienes y derechos reivindicados o recuperados a través de los procedimientos legales existentes.

Una de las novedades que tiene esta legislación radica en la creación de una jurisdicción de reestructuración y liquidación especializada, la cual sería la competente para conocer los procesos establecidos en la ley, y de las acciones judiciales que se encuentren vinculadas a dichos procesos.

El procedimiento contemplado en la Ley bajo estudio conlleva varios pasos, de acuerdo a la situación de la persona deudora (física o jurídica) y el nivel de capacidad de cumplimiento con sus obligaciones económicas y financieras.

Reestructuración

Tanto el Deudor como cualquiera de sus Acreedores (que ostente una acreencia mínima de 50 salarios mínimos), puede solicitar la reestructuración de la persona (física o jurídica) deudora ante el tribunal especializado que fue creado a través de esta ley. Esta solicitud de reestructuración debe estar fundamentada en alguna de las condiciones preestablecidas:

Incumplimiento de obligación de pago, vencidos los 90 días de su exigibilidad. Para esta condición sea aplicable, debe existir constancia de previa intimación de pago del Acreedor.

Cuando el pasivo corriente excede el activo corriente de la empresa durante más de 6 meses.

Incumplimiento de pago de cualquier obligación tributaria por más de 6 cuotas fiscales.

Incumplimiento de pago consecutivamente de 2 o más salarios a los empleados en las fechas que corresponda.

Ocultación de la administración de la empresa o si la misma permanece vacante por un período razonable, sin designarse un representante la administre.

Por orden del cierre de los locales de la empresa, en caso de ocultación o ausencia de los administradores, o por la cesión parcial o total de los bienes y derechos a un tercero para repartición entre acreedores.

Realización de prácticas dolosas, fraudulentas, asociación de malhechores, abuso de confianza, falsedad, simulación o estafa respecto de sus obligaciones.

Notificación a los acreedores de la suspensión de pago, o intención de suspensión de pago, respecto de las deudas.

 Existencia de un proceso de reestructuración, quiebra, insolvencia o cesación de pagos en un país extranjero en el que se encuentre la sociedad matriz de la empresa o persona física deudora.

Existencia de embargos ejecutivos o inmobiliarios que afecten el patrimonio total en más del 50%.

Existencia de sentencias, o procesos de ejecución de sentencias, que puedan afectar el patrimonio total en más del 50%.

Luego de recibir la solicitud de reestructuración por parte del deudor o su acreedor, el tribunal designa un Verificador, que tiene por objeto constatar, e informar al tribunal sobre la situación financiera del deudor.

Quizás el aspecto más relevante lo constituye el momento procesal en el cual la empresa o persona física deudora pasa a ser observada y limitada en cuanto a sus decisiones y operaciones. En efecto, el artículo 38 de la ley dispone que desde el momento en el que es notificada al deudor la solicitud de reestructuración, o el mismo la deposita ante el tribunal, tanto el Verificador como el tribunal deben ser informados sobre cualquier acto que realice el deudor:

Modificación de sus estatutos sociales o actos constitutivos;

Fusiones, absorciones o escisiones en perjuicio de su patrimonio;

Constitución o ejecución de garantías sobre sus bienes y derechos;

Conciliaciones o transacciones sobre sus obligaciones; Acuerdos con los acreedores fuera de los casos previstos en la ley;

Compensaciones, pagos, arreglos, desistimientos, embargos, terminaciones unilaterales o de mutuo acuerdo de procesos en curso o sobre obligaciones contraídas;

Enajenación de bienes o derechos fuera de sus operaciones ordinarias.

Dentro de los 15 días siguientes a la designación del Verificador por parte del tribunal, el mismo debe emitir un informe mediante el cual se describe la situación del deudor y se verifica que se han cumplido todos los requisitos exigidos por la ley para la presentación de la solicitud de reestructuración depositada. Es importante destacar que este informe presentado ante el tribunal apoderado constituye el primer reconocimiento formal de las acreencias que hayan podido ser verificadas y comprobadas hasta esta primera fase del proceso.

Por medio de informe, el Verificador debe recomendar al tribunal sobre si procede o no la apertura de un proceso de reestructuración de la empresa o persona física deudora, o bien si es pertinente proceder directamente a la liquidación de la misma. Cabe señalar que el tribunal debe tomar en consideración la defensa que pueda presentar el deudor, en caso de que la reestructuración no haya sido solicitada por él mismo.

Otro aspecto de gran relevancia es el momento en el cual el proceso se hace público. Este aspecto es de particular interés respecto de los acreedores que no hayan tomado conocimiento de la apertura de un proceso de reestructuración de su deudor, o que no hayan sido determinados y en consecuencia registrados en el informe emitido por el Verificador.

Justamente, el proceso se hace público con la emisión de la sentencia irrevocable que acoge o desestima la solicitud de reestructuración en el tribunal, la cual debe ser publicada y extensiva de una invitación a todos los acreedores del deudor para que los mismos participen en el proceso de reconocimiento de sus acreencias.

Conciliación y Negociación

Acogida la solicitud de reestructuración por el tribunal apoderado, se procede a la designación del Conciliador, es decir, “la persona física designada por el tribunal para procurar que el deudor y sus acreedores lleguen a un acuerdo de reestructuración”. Cuando se aprueba el plan de reestructuración, es la persona designada para la supervisión del correcto cumplimiento del plan. '

En esta fase del proceso, se estableció en la ley que se producen efectos suspensivos de diversos escenarios, hasta tanto no sea aprobado un plan de reestructuración, sea finalizado el procedimiento conciliatorio o sea instruida la liquidación judicial del deudor. Los actos que quedan suspendidos son los siguientes:

Acciones judiciales, administrativas o arbitrales de contenido patrimonial ejercidas contra el deudor.

Vías de ejecución, desalojo o embargo sobre los bienes muebles e inmuebles del deudor.

Actos de disposición de bienes del deudor (excepto los permitidos por ley).

Cómputo de intereses convencionales, judiciales, y los efectos de cláusulas penales.

Pagos de toda acreencia contraída con anterioridad a la fecha de la solicitud de reestructuración, incluyendo obligaciones de pago generadas por emisiones de valores objeto de oferta pública.

Procedimientos de ejecución de créditos fiscales.

Las suspensiones establecidas en el artículo 54, anteriormente descritas, no incluyen ciertas obligaciones de carácter obligatorio, tales como: pago de manutención de menores y familia, acreencias laborales y aspectos relativos a la seguridad social de los empleados del deudor, y pagos que sean indispensables para la operación ordinaria de la empresa. Estos últimos serán verificados por el Conciliador.

El propósito principal de la etapa de conciliación y negociación radica en la elaboración de un Plan de Reestructuración de la empresa o persona física deudora, a los fines de lograr su continuidad operativa.

En cuanto a los derechos sobre las acreencias, la ley ordena en varias de sus disposiciones la declaración de las mismas por parte de los acreedores ante el tribunal. Existen en las distintas etapas de los procesos de reestructuración, conciliación y liquidación varias oportunidades para realizar cualquier declaración, inclusive tardía, de las acreencias que no hayan podido ser registradas en el informe emitido por el Verificador en la fase inicial.

No obstante lo anterior, la ley es clara al establecer que estas declaraciones deben efectuarse previo al informe que deposita el Conciliador ante el tribunal, esto así en virtud de que la lista definitiva de acreencias, acompañada de la lista sobre créditos fiscales y laborales del deudor, será el documento utilizado para definir los derechos de voto de los acreedores respecto del Plan de Reestructuración.

Una vez que el tribunal aprueba el Plan de Reestructuración, concluye el proceso de conciliación y negociación. La aprobación del plan da origen a la novación de las obligaciones del deudor y sus acreedores. Corresponde al Conciliador la supervisión de una correcta ejecución del Plan.

Liquidación Judicial

Cabe destacar que tanto el Conciliador como el deudor o cualquiera de sus acreedores reconocidos pueden solicitar ante el tribunal la detención de la ejecución del Plan de Reestructuración y el inicio del proceso de liquidación judicial del deudor. El tribunal debe pronunciarse, mediante sentencia y luego de haberse respetado a las partes sus derechos de defensa, sobre la apertura o no del procedimiento de liquidación.

En caso de que se de apertura a un proceso de liquidación judicial, corresponde al tribunal el designar el Liquidador, definido por la ley como la “persona física designada para que levante un inventario de los bienes del deudor, determine la verificación de las acreencias y establezca el orden de los acreedores, así como las demás operaciones de liquidación, en particular la realización de activos y la distribución del producido de la venta a los acreedores”.

Es importante resaltar que la sentencia que pronuncia la liquidación judicial del deudor elimina los efectos suspensivos de las actuaciones descritas en los párrafos anteriores. Asimismo, se desapodera mediante la misma al deudor de la administración y disposición de todos los bienes que componen la masa. Hasta tanto sea concluido el proceso de liquidación, pasan al Liquidador todas las potestades de administración del deudor.

Existe igualmente en este proceso de liquidación una nueva oportunidad para la declaración de acreencias no registradas en las etapas anteriores. A través del Liquidador, cualquier acreedor no reconocido puede hacer declarar su acreencia, a los fines de que la misma sea tomada en cuenta al momento de las reparticiones y dividendos.

Tomando en cuenta los activos del deudor y las acreencias declaradas, corresponde al Liquidador la presentación ante el tribunal del Plan de Liquidación. De igual forma, es esta figura creada por ley quien debe asumir la correcta ejecución del plan hasta su conclusión.